Chile enfrenta hoy una paradoja preocupante. Mientras el mundo avanza con urgencia hacia soluciones basadas en la naturaleza para enfrentar el cambio climático, nuestro país ha dejado caer, silenciosamente, una de sus principales herramientas: la forestación.

Desde hace más de una década, no existen incentivos efectivos para forestar terrenos desprovistos de vegetación. El resultado es evidente y alarmante. Según cifras de Conaf (2023), el país pasó de forestar en promedio 48.600 hectáreas anuales entre 2000 y 2010, a apenas 1.737 hectáreas entre 2021 y 2023. No se trata solo de una baja estadística, es una señal clara de abandono.

Y, sin embargo, el potencial sigue ahí. De acuerdo con el Instituto Forestal (Infor), existen cerca de 1,5 millones de hectáreas con severa erosión que podrían ser recuperadas. Son suelos que hoy no producen, pero que podrían transformarse en una oportunidad concreta de desarrollo, restauración ambiental y captura de carbono. Lo que falta no es tierra, ni conocimiento técnico. Lo que falta es decisión.

Los bosques no son un lujo ni un asunto sectorial. Son infraestructura natural crítica. Protegen la biodiversidad, regulan el agua, capturan carbono y generan empleo. Ignorar su valor es, en los hechos, renunciar a una estrategia de desarrollo sostenible.

Pero hay un problema aún más profundo. La ausencia de políticas de fomento se combina con un deterioro evidente de la seguridad en las zonas forestales. La violencia en los territorios —expresada en ataques a faenas y en la creciente intencionalidad de incendios— ha instalado un clima de incertidumbre que ahuyenta la inversión y paraliza nuevos proyectos. Sin seguridad, simplemente no hay desarrollo posible.

El país no puede darse el lujo de perder lo avanzado en más de 50 años de trabajo forestal. Recuperar el impulso requiere algo más que buenas intenciones: exige una política pública clara, que restablezca incentivos, promueva la forestación con especies nativas y exóticas según corresponda, y entregue certezas a los pequeños y medianos propietarios.

Pero, sobre todo, requiere recuperar la seguridad pública. Porque sin orden ni Estado de Derecho en los territorios, cualquier esfuerzo será insuficiente.

Chile tiene la oportunidad —y la responsabilidad— de volver a forestar. No hacerlo sería, simplemente, renunciar al futuro.

La editorial de la Revista Acoforag


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