Para que un sector económico pueda desarrollarse de manera sostenible, se requieren al menos dos condiciones fundamentales: políticas públicas claras, respaldadas por una institucionalidad sólida, y certezas jurídicas que permitan invertir y planificar con una visión de largo plazo.
Hoy, el Estado de Chile no está garantizando plenamente ninguna de estas condiciones. Desde hace más de 15 años, el sector forestal enfrenta un deterioro persistente marcado por hechos de violencia, destrucción de maquinaria y equipos de trabajo, quema de bosques e inseguridad territorial.
Durante décadas, plantar un bosque fue considerado una inversión de largo plazo, una alternativa para complementar la jubilación o financiar los estudios de los hijos. Sin embargo, esa percepción ha cambiado. Para muchas familias, la actividad forestal ha dejado de representar una opción segura y confiable.
Regiones con una reconocida tradición forestal han comenzado a perder parte de su identidad productiva debido al cierre de industrias, aserraderos de distintos tamaños, empresas contratistas, maestranzas, talleres y diversos negocios vinculados al sector. Esta contracción productiva está debilitando progresivamente el tejido económico y social de amplias zonas forestales del país.
A esta realidad se suma una respuesta institucional que avanza con menor rapidez de la que exige la magnitud del problema. Mientras la actividad forestal continúa retrocediendo, la lentitud en la implementación de medidas efectivas dificulta revertir una tendencia que profundiza el deterioro del sector y aumenta la incertidumbre de quienes dependen de esta actividad.
Como país exportador de productos forestales, Chile también enfrenta los efectos de un escenario internacional complejo. La desaceleración de los mercados ha presionado a la baja los precios de exportación, mientras los costos operacionales continúan aumentando. Esta combinación reduce los márgenes de rentabilidad, desincentiva la inversión y tensiona aún más la viabilidad económica del negocio forestal.
De este modo, el sector enfrenta simultáneamente dos grandes desafíos: una crisis externa, asociada al contexto económico internacional, y una crisis interna, vinculada a problemas persistentes de seguridad pública, incendios forestales intencionales y robo de madera. La convergencia de estos factores continúa erosionando la actividad forestal y comprometiendo su sostenibilidad futura.
En síntesis, el sector atraviesa una crisis profunda, caracterizada por una menor oferta de servicios, bajas tarifas, creciente informalidad laboral, término anticipado de contratos y una proyección altamente incierta. Esta situación afecta directamente a trabajadores, contratistas forestales y empresas mandantes, poniendo en riesgo la continuidad de una actividad estratégica para el desarrollo económico y social de diversas regiones del país.
El desafío es urgente. Recuperar las condiciones para que el sector forestal vuelva a crecer requiere decisiones oportunas, mayor seguridad, estabilidad regulatoria y una visión de largo plazo que permita recuperar la confianza de quienes invierten, trabajan y viven del bosque.
La editorial en la Revista Acoforag
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