La Asociación de Contratistas Forestales (Acoforag) encendió las alertas respecto de la situación que atraviesa la industria forestal chilena, luego de los recientes despidos anunciados por grandes empresas del rubro y las dificultades que enfrentan contratistas y trabajadores en la macrozona sur.
En entrevista con BiobíoChile, el gerente de Acoforag, René Muñoz, aseguró que los despidos registrados en empresas como Arauco y CMPC son solo una manifestación visible de una crisis que, a su juicio, se ha venido gestando durante décadas.
“Estos son los síntomas de una enfermedad que traemos hace 29 años. El sector forestal ha sido atacado y destruido sistemáticamente, sin que el Estado considere la importancia de esta actividad para el desarrollo regional y el empleo”, afirmó.
Muñoz destacó que la actividad forestal es una de las industrias más sustentables del país y cuestionó la falta de respaldo estatal a un sector que genera miles de puestos de trabajo y aporta significativamente a las exportaciones nacionales.
Factores que explican el deterioro
Según el dirigente gremial, la situación actual responde a una combinación de factores que han impactado la competitividad de la actividad forestal.
Entre ellos mencionó la violencia rural, el aumento de los costos laborales, el incremento de las cotizaciones previsionales, la implementación de la jornada laboral de 40 horas, el alza de los combustibles y los incendios forestales. “Cuando un sector se ve sometido a todos esos factores que van en su contra, es lógico que ocurra lo que está ocurriendo hoy día. Los que más sufren son los trabajadores y sus familias”, sostuvo.
Forestación en mínimos históricos
Uno de los temas que más preocupa a Acoforag es la caída de la forestación en Chile. Muñoz señaló que hace más de una década el país dejó de plantar a los niveles que mantenía durante los años 2000. “Entre 2000 y 2010 se forestaban alrededor de 40 mil hectáreas al año. El año pasado apenas se forestaron cerca de 1.800 hectáreas. Esa caída refleja claramente lo que está sintiendo el sector”, indicó.
A su juicio, la falta de políticas de fomento contrasta con lo que ocurre en otros países, donde la forestación es promovida activamente como una herramienta de desarrollo económico y ambiental.
Impacto en el empleo
Respecto de las consecuencias laborales, Muñoz estimó que la actividad forestal ha perdido unos 4.000 puestos de trabajo en la zona sur del país. “El sector forestal mueve entre 23 mil y 27 mil trabajadores. De esa cifra hemos retrocedido significativamente porque las condiciones para invertir y trabajar simplemente no están”, explicó.
El dirigente sostuvo que la falta de certezas jurídicas y de condiciones adecuadas para el desarrollo de la actividad están frenando nuevas inversiones y debilitando la cadena productiva.
Caída de las exportaciones
Las preocupaciones del sector se ven reforzadas por los últimos indicadores económicos. Según datos dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), las exportaciones forestales del Biobío registraron una disminución de 21,5% durante abril.
Para Muñoz, se trata de una señal preocupante considerando el peso que tiene la actividad forestal en la economía regional. “El sector forestal exporta cerca de 6 mil millones de dólares al año. Una caída de esta magnitud tiene un impacto enorme en las empresas y en los territorios donde se desarrolla la actividad”, afirmó.
Asimismo, recordó que la industria forestal representa una parte importante de la actividad económica del Biobío, generando empleo directo e indirecto y concentrando gran parte del movimiento exportador de los puertos regionales.
En materia de seguridad, Muñoz insistió en que la violencia rural continúa siendo uno de los principales obstáculos para el desarrollo del sector.
Si bien reconoció que las cifras oficiales muestran una disminución de los atentados en algunas zonas, aseguró que existen sectores donde la actividad productiva sigue siendo extremadamente compleja.
Además, planteó la necesidad de fortalecer las facultades asociadas al estado de excepción constitucional, incorporando herramientas como la Ley de Infraestructura Crítica y mayores atribuciones para las Fuerzas Armadas.
“Las Fuerzas Armadas acompañan a Carabineros, pero podrían ser mucho más efectivas si contaran con mayores capacidades operativas, como realizar controles de identidad”, señaló.
Llamado al Gobierno
Finalmente, el gerente de Acoforag cuestionó que los contratistas forestales no hayan sido considerados en recientes reuniones sobre seguridad realizadas en la provincia de Arauco y pidió que las autoridades escuchen a quienes han vivido directamente las consecuencias del conflicto.
“Las principales víctimas durante estos 29 años han sido los contratistas forestales, los trabajadores y sus familias. Creemos que tenemos mucho que aportar al debate sobre el futuro del sector y las medidas que se deben adoptar”, concluyó.
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