La seguridad volvió a instalarse como la principal preocupación del sector forestal. Para la Asociación de Contratistas Forestales (Acoforag), la recuperación de la actividad productiva en la Macrozona Sur depende, antes que cualquier otro factor, de que el Estado logre restablecer las condiciones necesarias para que trabajadores, contratistas y empresas puedan desarrollar sus labores sin amenazas ni hechos de violencia.
Así lo planteó en el programa Frente Regional de Canal 9 Biobio TV el gerente de Acoforag, René Muñoz, quien afirmó que la crisis que enfrenta el rubro no responde únicamente a factores económicos o de mercado, sino que es el resultado de casi tres décadas de inseguridad, atentados y debilitamiento del Estado de Derecho en las regiones del Biobío y La Araucanía.
"El principal problema es la seguridad", enfatizó Muñoz, quien explicó que el concepto no solo se refiere a la ocurrencia de atentados, sino también a la capacidad del Estado para garantizar derechos fundamentales, como trabajar, emprender y desplazarse con libertad por los territorios afectados.
A juicio del dirigente gremial, la falta de una respuesta efectiva durante los últimos 29 años ha permitido que se consolide un escenario donde convergen organizaciones violentas, crimen organizado y distintos delitos que hoy forman parte de un mismo fenómeno criminal.
Entre ellos mencionó atentados incendiarios, tráfico de armas, narcotráfico, abigeato, robo de vehículos, extorsiones y otros ilícitos que, según indicó, han transformado la violencia en un negocio difícil de desarticular.
"Cuando existe un negocio que además resulta rentable, evidentemente quienes participan en él no tienen incentivos para abandonarlo", sostuvo durante la entrevista.
Reuniones con el Gobierno
En ese contexto, Muñoz confirmó que Acoforag ya sostuvo reuniones con el Presidente de la República y posteriormente con representantes del Ministerio de Seguridad, encabezados por el jefe de la Unidad Estratégica, Eduardo Bennett.
Según explicó, ambas instancias permitieron exponer la realidad que vive el sector y los efectos que la violencia ha tenido sobre la actividad productiva en la Macrozona Sur. Sin embargo, precisó que hasta ahora no existe una propuesta concreta por parte del Ejecutivo.
"Nosotros nos reunimos la semana pasada en Santiago y todavía no tenemos ninguna medida concreta. Estamos esperando que se presente un plan para poder revisarlo, analizarlo y hacer nuestras observaciones", afirmó.
El dirigente añadió que comprende la complejidad del escenario que enfrenta la nueva administración, señalando que durante la campaña muchas soluciones parecían más sencillas de implementar, pero que la realidad demuestra la magnitud del problema existente en la zona.
Víctimas y reparación
Uno de los aspectos que Acoforag espera ver incorporado en el futuro plan gubernamental es un programa de apoyo para las víctimas de la violencia rural.
Muñoz sostuvo que durante años numerosas personas han perdido familiares, maquinaria, infraestructura, fuentes laborales y proyectos de vida, sin que exista una política pública de reparación acorde a la magnitud del problema.
"Esperamos que exista un plan que considere todo lo que ha ocurrido en la zona. Aquí hay una cosa que se ha dejado de lado y son las víctimas. No conocemos un plan de apoyo para quienes han perdido familiares, bienes o sus proyectos de vida producto de la violencia", señaló.
La nueva ley forestal
Junto con las medidas de seguridad, el dirigente gremial manifestó que el sector observa con expectativa la futura ley de fomento forestal impulsada por el Gobierno.
A su juicio, la iniciativa representa una oportunidad para revertir más de una década de baja forestación y recuperar la capacidad productiva del país.
Muñoz recordó que Chile lleva alrededor de 15 años sin una política efectiva de incentivo a las plantaciones forestales, situación que podría afectar el abastecimiento de materia prima en las próximas décadas considerando los largos ciclos de crecimiento de las especies forestales.
Asimismo, indicó que la nueva normativa debería entregar mayor libertad a los propietarios para definir qué especies plantar y promover la recuperación de terrenos degradados, estimados en cerca de un millón y medio de hectáreas a nivel nacional.
Prevención de incendios
Durante la conversación también abordó la necesidad de fortalecer la legislación sobre incendios forestales.
En ese sentido, valoró que las nuevas propuestas apunten a fortalecer la prevención, el combate y la investigación de estos delitos, evitando que el peso económico de las medidas preventivas recaiga exclusivamente sobre pequeños propietarios forestales.
Además, insistió en que el bajo porcentaje de esclarecimiento tanto de incendios intencionales como de atentados representa otro elemento que alimenta la sensación de impunidad en la Macrozona Sur.
Impacto sobre la actividad
Aunque la seguridad fue el eje central de sus planteamientos, Muñoz reconoció que el deterioro del escenario también ha tenido consecuencias económicas y laborales.
Indicó que en la última década el sector forestal ha perdido alrededor de 4.000 puestos de trabajo, de los cuales aproximadamente la mitad desaparecieron durante el último año y medio.
Sin embargo, insistió en que la pérdida de empleo debe entenderse como una consecuencia de un problema mucho más profundo.
"La actividad comienza a resentirse cuando ya no existen las condiciones mínimas para trabajar con seguridad. Ahí empiezan a paralizarse faenas, a disminuir las inversiones y, finalmente, se pierden empleos", sostuvo.
Para Acoforag, la recuperación del sector dependerá de dos pilares fundamentales: un plan efectivo que permita recuperar el control del Estado en la Macrozona Sur y la aprobación de una ley de fomento forestal que impulse nuevas plantaciones y entregue certezas para volver a invertir en el país.
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