Cumplido un tercio de las 37 jornadas planificadas en el Tribunal Oral de Cañete para el desarrollo del juicio por el ataque armado contra la familia Grollmus y el atentado incendiario que destruyó un molino patrimonial, un museo, una leñera y vehículos, desde esta semana comenzó la declaración de testigos protegidos. En esta causa 21 personas fueron acusadas de haber planificado los hechos con un año de anticipación.
Los cargos que llevó al estrado la fiscalía son por cuatro delitos de homicidio frustrado, incendio, robo con violencia, porte ilegal de armas y municiones y disparos injustificados. Al momento de cometerse los ilícitos, el 29 de agosto de 2022, tres de ellos eran menores de edad.
Según el Ministerio Público, se trata de miembros de la organización delictual Resistencia Mapuche Lafkenche (RML), la que en su momento se adjudicó los hechos.
En medio de este contexto, y de acuerdo con fuentes ligadas a la causa, la familia Grollmus alista una demanda en contra del Estado.
“Falta de servicio por parte de instituciones del Estado”
La figura jurídica que se utilizaría para esta acción indemnizatoria sería la de "falta de servicio", la que se configura cuando las instituciones públicas actúan tarde, de forma incorrecta o incumplen con sus deberes, generando daños a personas o comunidades, lo que se rige por la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado y permite exigir indemnizaciones ante los tribunales de justicia.
Consultado respecto de los alcances de la demanda que prepara su familia, Christian Grollmus sostuvo que "en términos generales, lamentablemente el Estado y el sistema judicial no tienen contemplado un sistema de reparación para las víctimas de la violencia y el terrorismo".
Recalca que "a las víctimas no nos queda otra cosa que demandar al Estado para exigir una reparación integral por todos los daños materiales; pero, por sobre todo, por los daños morales y psicológicos que hemos sufrido".
“Desgaste adicional”
Grollmus, quien ya prestó una declaración en la causa penal que se extendió por cinco horas, agrega que "esto significa un enorme desgaste adicional, porque implica enfrentar un nuevo juicio y una nueva revictimización". Comenta que tanto él como las otras víctimas del violento episodio perpetrado en la comuna de Contulmo, en Arauco, al sur de Biobío, "nos quebramos al entregar nuestro testimonio ante los jueces".
Relata que, incluso, uno de los afectados, luego de exponer lo vivido durante el atentado, se desmayó, por lo que debió ser llevado a un recinto asistencial para su estabilización.
Sin embargo, Grollmus argumenta que mientras no exista una ley concreta de reparación a las víctimas, los afectados debemos recurrir a las demandas civiles. "Ante la ausencia de mecanismos, es el mismo sistema el que nos obliga a demandar al Estado y hay que hacerlo sin miedo", recalca.
La testificación de personas con identidad reservada ha sido cuestionada por las defensas. De los 21 acusados, 14 son representados por la defensora penal pública Katherine Valdés, quien ha reiterado en audiencia que "en esta causa no existe una prueba objetiva y confiable que vincule a mis representados con el atentado" y que el caso "se sostiene principalmente en declaraciones de testigos protegidos".
Fuente: El Mercurio
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