Los incendios forestales intencionales, la imposibilidad de asegurar plantaciones y maquinaria, y más de una década sin una política efectiva de forestación forman parte de los principales factores que, según Acoforag, están profundizando la crisis que enfrenta el sector forestal chileno.
Durante una entrevista con Radio Agricultura, el gerente de la asociación, René Muñoz, sostuvo que la inseguridad se ha transformado en uno de los mayores obstáculos para el desarrollo de la actividad, afectando la confianza de inversionistas, propietarios y empresas que operan en las regiones del Biobío y La Araucanía.
Incendios que desalientan la inversión
Uno de los aspectos que más preocupa al gremio es el alto número de incendios forestales provocados intencionalmente.
Muñoz aseguró que cerca de la mitad de los incendios forestales que se registran anualmente en Chile corresponderían a hechos intencionales, una situación que, a su juicio, ha generado un fuerte impacto sobre la actividad productiva y la disposición de los propietarios para volver a plantar.
Cada año, el país registra entre 6 mil y 7 mil incendios forestales, de los cuales una proporción importante tendría origen deliberado, escenario que, según explicó, se ve agravado por el bajo porcentaje de causas que concluyen con condenas judiciales.
En ese contexto, afirmó que tanto los incendios como los atentados contra maquinaria e infraestructura forestal presentan bajos niveles de esclarecimiento, lo que mantiene una percepción de impunidad entre quienes desarrollan actividades productivas en la macrozona sur.
El dirigente recordó además que los megaincendios registrados en 2017 y 2023 dejaron cerca de 350 mil hectáreas de bosques destruidas, reduciendo significativamente la disponibilidad futura de madera para abastecer a la industria forestal y a los pequeños aserraderos.
Otro de los efectos de la violencia, indicó Muñoz, es el retiro de las compañías aseguradoras de gran parte del sur del país.
Según explicó, desde hace al menos seis o siete años las empresas tienen enormes dificultades para contratar seguros que cubran plantaciones, maquinaria e infraestructura forestal en las zonas consideradas de mayor riesgo.
A raíz de ello, rechazó las versiones que ocasionalmente circulan en redes sociales, donde se atribuyen algunos incendios a supuestos fraudes para cobrar seguros.
"Nadie va a destruir su patrimonio para cobrar un seguro que simplemente no existe", afirmó, insistiendo en que la ausencia de cobertura deja expuestos tanto a grandes empresas como a pequeños y medianos propietarios.
Quince años sin una política de forestación
El gerente de Acoforag sostuvo que otro de los problemas estructurales del sector es la falta de una política permanente de fomento forestal.
Explicó que Chile lleva aproximadamente quince años sin desarrollar programas relevantes de forestación, diferenciando esta actividad de la reforestación obligatoria que deben realizar las empresas luego de cosechar sus plantaciones.
Las cifras, indicó, muestran una caída significativa. Mientras durante la década del 2000 se forestaban en promedio cerca de 40 mil hectáreas por año, actualmente esa superficie bordea apenas las 1.800 hectáreas anuales.
Para el dirigente, esta disminución compromete el abastecimiento futuro de madera, limita la instalación de nuevas industrias y reduce las oportunidades de desarrollo económico en las regiones forestales.
En ese escenario, valoró el anuncio del Ministerio de Agricultura de impulsar un proyecto de ley de fomento forestal, iniciativa que, a juicio del gremio, permitiría recuperar la forestación de terrenos degradados y erosionados, respetando la libertad de los propietarios para decidir qué especies establecer.
Las prioridades del sector
Durante la entrevista, Muñoz planteó cinco medidas que considera esenciales para recuperar el dinamismo de la actividad forestal.
La primera apunta a restablecer las condiciones de seguridad en los territorios donde actualmente resulta imposible desarrollar faenas productivas.
En segundo lugar, insistió en la necesidad de aprobar una nueva ley de fomento forestal que incentive la forestación y permita recuperar la superficie plantada.
También propuso contar con una legislación específica sobre incendios forestales que fortalezca la prevención, establezca responsabilidades compartidas entre el Estado y los propietarios y permita enfrentar con mayor eficacia este tipo de emergencias.
Como cuarta prioridad mencionó la necesidad de simplificar los procesos administrativos para el manejo sustentable del bosque nativo, eliminando trabas burocráticas que, según indicó, dificultan el desarrollo de miles de pequeños propietarios.
Finalmente, llamó a impulsar con mayor fuerza la construcción en madera como una política pública de largo plazo.
Muñoz señaló que mientras en varios países europeos este material participa en entre el 80% y el 90% de las edificaciones, en Chile su utilización apenas alcanza el 20%, pese a sus ventajas ambientales, estructurales y de sostenibilidad.
Impacto en las regiones
El gerente de Acoforag afirmó que la actividad forestal constituye uno de los principales motores económicos del centro sur del país, por lo que la actual crisis trasciende a las empresas del rubro.
A su juicio, la disminución de las inversiones afecta directamente a contratistas, transportistas, pequeños aserraderos, proveedores de servicios, comerciantes y miles de familias que dependen de la cadena productiva forestal.
"Sin seguridad no hay empresas; sin empresas no hay inversión; y sin inversión no hay trabajo ni desarrollo. Lo que necesitamos es recuperar las condiciones para volver a producir, generar empleo y seguir impulsando el crecimiento de las regiones", concluyó.
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