¿Quién defiende a los trabajadores forestales del sur del país?

Por René Muñoz Klock, gerente de Acoforag e integrante de Futuro Madera

La opinión pública nacional suele enterarse de los problemas del sector forestal cuando las llamas consumen miles de hectáreas en el verano o cuando un grupo empresarial anuncia ajustes en sus plantas. Sin embargo, detrás de los grandes titulares corporativos existe una realidad mucho más silenciosa, cotidiana y dramática: la de las pequeñas y medianas empresas contratistas y las miles de familias de trabajadores que, en el sur de Chile, ven cómo su fuente de sustento se desvanece entre la violencia armada y la total desprotección estatal.

Lo que hoy enfrentamos en la macrozona sur no es una turbulencia pasajera; es una crisis estructural que arrastramos por décadas, gatillada por casi 30 años de ataques violentistas, incendios intencionales y una pérdida total de certezas jurídicas.

Los síntomas están a la vista de todos: despidos masivos, paralización de faenas y un ambiente de inseguridad que hace inviable operar. Los contratistas forestales nos hemos convertido en el sector productivo más golpeado del país, sumando más de 520 atentados incendiarios en los últimos 13 años. Este ensañamiento ya ha hecho desaparecer a unas 80 empresas contratistas y ha destruido cerca de 4.000 puestos de trabajo formales directos.

Estamos hablando de miles de familias que quedan a la deriva porque las condiciones mínimas para trabajar en paz simplemente se esfumaron.

Esta “tormenta perfecta” se alimenta ahora de una dura realidad económica: menores precios de la madera y un desplome en los mercados internacionales. Según cifras del Instituto Forestal (Infor), solo en los primeros cinco meses de este 2026, las exportaciones madereras disminuyeron un 15,4%.

Ante la falta de garantías y la violencia, se han dejado de generar nuevos bosques. Pasamos de forestar cerca de 40.000 hectáreas anuales en los años 2000, a la alarmante cifra de apenas 1.800 hectáreas recientes. ¿Cómo se pretende sostener el desarrollo regional o cumplir las metas medioambientales del país si se deja morir la actividad más sustentable del sur de Chile?

Esta crisis ya desbordó lo sectorial y se transformó en una emergencia social latente. Así lo han entendido autoridades locales, como los alcaldes de Quilaco y Mulchén en la provincia de Bío Bío, quienes hoy piden con urgencia medidas gubernamentales y alianzas público-privadas para frenar la cesantía que azota a sus comunas.

Si bien valoramos la reciente reunión que sostuvimos con el presidente Kast en La Araucanía, enfatizamos en que estos espacios de diálogo deben traducirse en acciones inmediatas. Necesitamos un Estado presente con medidas de seguridad pública efectivas: mantener los estados de excepción, dotar a las Fuerzas Armadas con herramientas legales como la Ley de Infraestructura Crítica, Reglas del Uso de la fuerza, y apoyo en los controles de identidad. Además, el Estado debe activar un robusto plan de inversiones públicas y de apoyo estatal para los pequeños emprendedores que lo han perdido todo tras los atentados a sus bienes muebles y sus maquinarias.

La crisis forestal dejó de ser un problema técnico o de producción; es una prioridad nacional. Exigimos el derecho a trabajar en paz, a transitar libremente por los caminos de este país, y a defender el futuro de las 300.000 familias que dependen de este sector.

El tiempo de las promesas ha llegado a su límite. La supervivencia de nuestro sector es una prioridad nacional que exige garantías tangibles. Esperamos que la urgencia que hoy transmitimos se traduzca en hechos concretos antes de que el silencio de nuestras faenas se vuelva definitivo para todo el sur de Chile.

Columna en BiobioChile