Preocupación frente a los anuncios del Gobierno respecto de que evalúa un desescalamiento del estado de excepción constitucional de zona de emergencia, que rige desde el 17 de mayo de 2022 en las 14 comunas de la provincia de Biobío, en las 7 de Arauco y en las 32 de la Región de La Araucanía, manifestaron víctimas de atentados. La decisión del Ejecutivo fue expresada por el ministro de Defensa, Fernando Barros, al solicitar la renovación de la medida ante la Cámara. Allí, expuso que “está la intención de ir disminuyendo la presencia (de las Fuerzas Armadas), de tomar acciones que permitan volver a la normalidad, fortaleciendo a Carabineros y a la PDI, de manera que estas puedan llevar normalmente el control del orden público”.

René Muñoz, gerente de la Asociación de Contratistas Forestales, gremio que ha sido víctima de 525 atentados, también rechaza un eventual retiro de los militares. “Nosotros, a partir de lo que se dijo en la campaña presidencial, esperábamos que se reforzaran las medidas que hasta ahora rigen”, sostuvo. “No se puede desescalar sin, al menos, lograr desarticular a los grupos violentistas. Eso es lo mínimo que esperamos”, dijo.

Christian Grollmus, juez y una de las víctimas del atentado en contra de su familia y sus propiedades en Contulmo, el 29 de agosto de 2022, expresó que “el problema no es que el estado de excepción esté vigente, sino que no se está utilizando”. Recalcó que “nos preocupa que se esté hablando de desescalamiento, cuando todavía no vemos un plan ni una estrategia concreta para atacar a la decena de organizaciones delictuales y violentistas que operan en la macrozona sur”.

Así, pidió que se hagan allanamientos “con el fin de incautar armas y hallar sujetos con orden de detención”.

Patricio Santibáñez, presidente de la Multigremial de La Araucanía, consideró que un eventual retiro de las FF.AA., sería “una decisión precipitada”. Recordó que “en las zonas de mayor conflicto de la macrozona sur, que también son las que tienen la mayor población mapuche, el Presidente José Antonio Kast obtuvo los porcentajes de apoyo más alto, con votaciones sobre el 70%. Las demandas de los habitantes de esas zonas son por mayor seguridad”.

Hizo notar que “sería bastante contradictorio que el Gobierno haga un desescalamiento del estado de excepción, desatendiendo esa demanda y sin terminar el trabajo de desarticular a los grupos terroristas”.

Fuente: El Mercurio

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