“El día 16 de abril de 2026, aproximadamente a las 20:00 horas, en el kilómetro 15,5 de la Ruta R-49 (vía de tránsito estratégico para la zona), un grupo armado y organizado ejecutó una emboscada con el objetivo de infundir temor en la población civil”.
Así comienza la primera querella ingresada por el actual Gobierno, invocando la Ley Antiterrorista, por un ataque incendiario ocurrido en La Araucanía, especificamente en Collipulli, el pasado jueves. La acción es por los delitos de incendio con carácter terrorista y porte ilegal de armas, y está dirigida contra todos quienes resulten responsables de estos u otros ilícitos.
Sobre los hechos, la acción penal describe que, “mientras las víctimas se desplazaban en su vehículo particular hacia el oriente, fueron interceptadas por una camioneta de color verde desde la cual descendieron al menos tres sujetos con el rostro cubierto. Los atacantes, actuando de forma coordinada y premunidos de un alto poder de fuego, intimidaron violentamente a los ocupantes y los obligaron a descender del móvil”.
En esa línea, desde el Ministerio de Seguridad sostienen que, “una vez que las víctimas se encontraban indefensas, y sin mediar intención alguna de sustraer el vehículo o especies personales, los sujetos procedieron a ejecutar un acto de violencia simbólica y destrucción: arrojaron artefactos de naturaleza incendiaria al interior del automóvil, provocando un incendio que consumió la totalidad del bien”.
En relación con imputar el delito de incendio con carácter terrorista, desde el Gobierno señalan que se justifica debido a “la forma en que se cometieron los hechos, es decir, el uso de armas de fuego, el incendio frente a las víctimas y sin sustracción del vehículo evidencia que el objetivo no es el bien (vehículo), sino el mensaje: quien transite por esa vía queda expuesto a ser sometido por la fuerza”.
Ubicar vehículo de responsables
En la misma querella, la cartera solicita diversas diligencias, como que se encargue a la Policía de Investigaciones (PDI) tomar declaraciones de víctimas y posibles testigos; además de los funcionarios de Carabineros que participaron del procedimiento posterior al hecho, y también el levantamiento de cámaras y posibles imágenes.
Junto con esto, se pide “determinar si los hechos materia de la presente causa guardan vinculación con alguna organización o causa de carácter terrorista activa en la zona”.
En cuanto al Labocar y Gope de Carabineros, el Ministerio de Seguridad encarga un “informe pericial sobre la naturaleza de los elementos encontrados en el lugar y/o aportados por testigos o denunciante, tipo de artefactos incendiarios, y todo lo que resulte relevante”.
Paralelamente, considera necesario que se tramite una autorización judicial y que se requiera a las compañías telefónicas Entel, Claro, Movistar, WOM, VTR y Virgin Mobile, “indiquen cuáles son las celdas de
las antenas que bajo circunstancias normales o extraordinarias mantienen cobertura o que aportan señal para datos o llamadas en las coordenadas correspondientes al sitio del suceso y sectores cercanos en la Ruta R-49 a los hechos ocurridos el día 16 de abril de 2026 y, una vez determinadas, remitan el tráfico de voz, datos de mensajería y su respectivo acimut en los días y tramos horarios relacionados con los hechos”.
Agrega que es relevante que se solicite al tribunal autorizar “el sobrevuelo con aeronaves no tripuladas (drones) al interior de comunidades radicales cercanas al sitio del suceso con la finalidad de poder ubicar el vehículo que participó en los hechos ilícitos ocurridos”.
Fuente: El Mercurio
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