Pese a señalar que no podía seguir con “las mismas recetas” para combatir la violencia rural, haciendo alusión a su antecesor el exmandatario Sebastián Piñera, el 17 de mayo de 2022 -a 66 días de asumir el cargo- Boric firmó el decreto que ordena que sean las Fuerzas Armadas las que se hagan cargo de la seguridad de toda la Región de La Araucanía y en las provincias de Arauco y del Biobío, en la Región del Biobío.
El despliegue militar en el sur, que ha contado con el apoyo del Congreso en sus constantes aprobaciones, se ha mantenido hasta ahora. De hecho, el 17 de agosto el Parlamento volvió a aprobar otra prórroga por 30 días. “No vengo a solicitar una prórroga administrativa, vengo a rendir cuenta de una decisión que ha dado resultado y que se le permita continuar. En materia de seguridad, las convicciones sin datos son solamente opiniones”, dijo el ministro de Seguridad, Martín Arrau, ese día.
Es justamente bajo ese contexto que el Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo (OCRIT) de la Universidad Andrés Bello realizó un estudio para analizar qué tan efectiva ha sido la medida en cuatro años de implementación en esa zona. El estudio -de los autores Pablo Urquízar, Vicente Abrigo y Francisca Adasme- se basó en datos de Carabineros.
El estudio comparó los niveles de violencia registrados en las regiones de La Araucanía, Biobío, Los Ríos y Los Lagos durante dos períodos simétricos de 1.419 días: antes y después de la entrada en vigencia de la medida. El trabajo tuvo presente que entre el 13 de octubre de 2021 y el 26 de marzo de 2022
hubo un estado de emergencia previo decretado por Piñera, el que no fue prorrogado. “En los 51 días en que dicha medida estuvo ausente los hechos de violencia se incrementaron un 53%, lo que motivó la declaración del segundo estado de emergencia”, dice el trabajo.
Asimismo, también se tuvo en vista que durante el segundo período analizado entraron en vigencia al menos seis leyes relevantes en materia de seguridad, se ejecutaron operativos policiales y se produjo la condena de Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco, lo que pudo, dice el informe, “incidir en los resultados de forma independiente al estado de excepción”.
“El estudio tuvo por propósito evaluar el impacto que ha tenido el estado de emergencia, vigente desde mayo de 2022 en la Macrozona Sur, tanto desde una perspectiva jurídica como empírica, considerando los niveles macrozonal, regional, provincial
y comunal. El objetivo no fue únicamente determinar si la violencia disminuyó, sino también examinar los límites jurídicos de una medida de carácter excepcional, el rol desempeñado por las Fuerzas Armadas y los desafíos institucionales que supone su utilización durante un período prolongado”, explica Pablo Urquízar -quien fuera excoordinador de seguridad de la Macrozona Sur durante la administración Piñera.
Entre los primeros resultados se señala que hubo una disminución “sustantiva” en la mayoría de los indicadores de violencia. “Las denuncias totales por hechos delictivos cayeron un 42,6%, pasando de 4.840 a 2.779 casos, con reducciones en las cuatro regiones de la Macrozona Sur: Biobío (49,4%), Los Lagos (50,8%), Los Ríos (46,2%) y La Araucanía (38,9%), esta última con la caída porcentual más moderada, pese a concentrar el mayor volumen absoluto de hechos”, dice el texto.
Reducción y aumento
El estudio muestra que, en el período analizado, los delitos violentos cayeron. Por ejemplo, los homicidios cayeron de 36 a 15 casos (58,3%), con las mayores caídas en Arauco (73,3%) y Malleco (61,5%), y una reducción más moderada en Cautín (25%). Las personas lesionadas también disminuyeron de forma significativa, con descensos especialmente marcados en Biobío (65,8%) y La Araucanía (44,8%).
Otros delitos que bajaron fueron los incendios y las usurpaciones. Los primeros cayeron de 1.097 a 598 casos (45,5%), concentrando la mayor reducción absoluta en Biobío, mientras que los segundos bajaron de 656 a 216 casos (67,1%), con una caída especialmente pronunciada en La Araucanía, “donde este delito prácticamente desapareció tras la medida, salvo un repunte puntual asociado a la entrada en vigencia de la Ley N° 21.633 sobre ocupación ilegal de inmuebles”.
Un contraste se registró respecto a delitos de daños. Por ejemplo, se produjo una disminución general de vehículos destruidos a nivel de la Macrozona Sur (34,7%), con las mayores caídas en Biobío y La Araucanía. No obstante, hubo aumentos relevantes en regiones no cubiertas por la medida, como Los Ríos (64,7%) y Los Lagos (71,4%).
Donde también hubo contraste fue en las acciones de los grupos radicales. En ese sentido, se registró una disminución en la actividad de grupos como la Coordinadora Arauco Malleco (cerca de un 20,5%), la Weichán Auka Mapu (39,5%) y la Resistencia Mapuche Lafkenche (62,5%).
Sin embargo, el estudio da cuenta de que Resistencia Mapuche Malleco aumentó sus adjudicaciones en un 87,1% tras la entrada en vigor del estado de emergencia, “consolidándose como uno de los actores más activos del período, con fuerte arraigo territorial en sectores como Temucuicui”. Asimismo, aparecieron otros, como Resistencia KunkoWilliche y Resistencia Mapuche Pehuenche.
Conclusiones y desafíos
Para la parte final, el estudio propone varios desafíos que debiesen ser contemplados en torno a la medida. Uno de ellos, el más criticado desde el mundo de la academia, es la normalización de la medida que se presenta como “de excepción”.
“El uso prolongado -cuatro años- y las más de 70 prórrogas del estado de emergencia reflejan su consolidación como herramienta ordinaria de gestión de seguridad, pese a su carácter constitucionalmente excepcional y subsidiario. Ello plantea la necesidad de definir con claridad los límites de su aplicación y fortalecer alternativas institucionales sostenibles en el tiempo”, se señala en el trabajo.
Otra crítica es la ausencia de medidas estructurales. “Persisten desafíos para el diseño de políticas que, junto con la seguridad, aborden factores estructurales de la problemática. En tal sentido, por ejemplo, lo que dice relación con la deuda en materia de tierras que tiene el Estado, respecto de la cual, según estimaciones de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, bajo la normativa vigente podría demorarse entre 80 y 162 años en saldarse”.
Finalmente, ya para las conclusiones, en el estudio se señala que el estado de excepción ha tenido “un impacto significativo en la reducción de hechos de violencia, aunque con resultados dispares según región, provincia y tipo de delito”.
“La medida ha generado un efecto disuasivo notable en los delitos más graves, como homicidios e incendios, reduciendo sustancialmente su ocurrencia. Sin embargo, persisten desafíos relacionados con la reaparición de violencia en zonas no intervenidas y con la actividad de grupos radicalizados emergentes que han adaptado sus estrategias”, se añade en el estudio.
Urquízar pone un matiz. Sostiene que la reducción de homicidios, incendios o usurpaciones no implica necesariamente la desaparición de las estructuras que sostienen la violencia, “pues estas tienen capacidad para adaptarse, desplazarse territorialmente o adoptar nuevas formas de organización”.
Por otro lado, dice que levantar la medida podría ser una amenaza. “Existe un antecedente que obliga a considerar ese riesgo: después del término del estado de emergencia decretado durante el gobierno del presidente Piñera hubo 51 días sin la medida, período en el que los hechos de violencia volvieron a aumentar significativamente”.
Fuente: La Tercera
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